Nicaragua

El derrocamiento de la dictadura somocista en 1979 y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista representan para Nicaragua dos momentos decisivos para su desarrollo social y participativo. En la coyuntura centroamericana de la Guerra Fría, los niveles de participación política incrementaron gracias a la fuerte movilidad social de la época revolucionaria y al empoderamiento de la población nicaragüense a través de la creación de instancias como los Comités de Defensa Sandinista y la Confederación Sandinista del Trabajo.

Sin embargo, es de notar que fue hasta la llegada del Acuerdo de Paz de Esquipulas II en 1987 que se comienza a vislumbrar realmente la institucionalización de las innovaciones democráticas nicaragüenses. La Constituyente de 1987 fue redactada tras una serie de Cabildos Abiertos sectoriales y territoriales en los cuales la sociedad civil sentó las bases que equipararon el sufragio universal, al derecho de contar con mecanismos de democracia participativa. A partir de ese año, se aprobaron más de 30 leyes que fortalecieron la autonomía de las alcaldías y promovieron la participación de la sociedad civil en la ideación, el desarrollo y la evaluación de las políticas públicas (e.g. Ley de Municipios, Ley de Participación Ciudadana, entre otras.)

La transición democrática de 1979 conllevó la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y dio inicio a una democracia liberal con la elección de Violeta Barrios. Este nuevo período neoliberal reconfiguró al país económica, social y políticamente, acrecentando substancialmente los índices de desigualdad del país, y a su vez, el número de conflictos sociales. Los altos niveles de conflictividad perduraron hasta la llegada de Enrique Bolaños, quien reestableció ciertos modelos institucionales de participación ciudadana a nivel local. Pese a ello, en el 2006, el descontento de la sociedad nicaragüense por las políticas de la época neoliberal se tradujo en un cambio del poder político, el  cual conllevó la reinstauración de nuevos mecanismos de democracia participativa. Estos espacios de participación ciudadana son, en su mayoría, sostenidos por un marco jurídico nacional, o impulsados por las mismas instancias del Gobierno.

El regreso del FSLN al poder es sumamente controversial. Si bien la reforma del 2014 instauró numerosas herramientas de participación ciudadana (ampliando, por ejemplo, las propiedades comunales indígenas), este nuevo régimen sandinista trajo consigo objetivos distintos a los del proyecto revolucionario. Este, instauró un poder Ejecutivo hegemónico que no prevé importantes instancias democráticas de participación como por ejemplo la revocación por votación ciudadana.

El período sandinista en Nicaragua se advierte como una experiencia de “participación popular inédita”. Los Cabildos Abiertos de 1986 son, tal vez, la expresión más grande de ello y uno de los casos de innovación democrática más relevantes del país centroamericano. Estas asambleas se realizaron en todo el país como parte del proceso de consulta y debate del Proyecto de Reforma de la Constitución Política en el año 1986, del cual deriva el texto actualmente vigente (1987). Este, estableció el marco jurídico para la descentralización del poder del Gobierno Central­ y sentó las bases para la transición democrática del país.

A partir de ello, la sociedad civil nicaragüense ha impulsado numerosas innovaciones respaldadas por dicho marco jurídico, como por ejemplo las iniciativas ciudadanas de ley. Se cuenta también con numerosos diseños institucionales que fortalecen la representación ciudadana y la inclusión política de los pueblos indígenas y afroamericanos. Aún y cuando se registran algunos casos de innovación digital, estos no son numerosos, lo cual se explica si se toma en cuenta el limitado acceso a internet de la población nicaragüense—solamente 15 de cada 100 hogares en el país cuentan con acceso a internet.

En cuanto a las innovaciones democráticas de participación ciudadana llevadas a cabo durante los gobiernos neoliberales, vale la pena rescatar y subrayar el programa de Escuelas Autónomas. Este, a pesar de ser criticado por las desventajas  que conlleva la descentralización del manejo del presupuesto, se extendió rápidamente a lo largo del país a partir del programa piloto, lo que podría significar que obtuvo un alto grado de aceptación por parte de la ciudadanía. Por último, también cabe mencionar los Proyectos Guiados por la Comunidad, los cuales se distinguen por ser llevados a cabo a través de una metodología que confiere el poder del gobierno a las comunidades. En ellos, la sociedad civil es la encargada de la ideación, la contratación y la administración de los proyectos para su respectiva localidad.