Perú

En Perú, la experimentación y la innovación con instituciones democráticas que apoyan o dependen de la participación ciudadana se remontan a mediados de 1980 y principios de 1990, como consecuencia de los procesos de descentralización y reestructuración del Estado. La descentralización preparó el terreno para un extenso proceso de organización local y desarrollo de nuevas instituciones, donde la administración comunal tuvo que crear estructurars desde la base. En este contexto, candidates del espectro politico de izquierda ganaron un amplio número de cargos durante las elecciones de 1990, fortaleciendo la escena política local e introduciendo los primeros experimentos con la participación ciudadana.

Sin embargo, la historia más reciente de Perú está marcada por la crisis y el conflicto: el prolongado conflicto armado con la guerrilla Sendero Luminoso y su culminación con la renuncia del Presidente Fujimori en 2000 como consecuencia de violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción. En este contexto, un gran número de espacios deliberativos y colaborativos con la sociedad civil emergieron como respuesta a la crisis política, contribuyendo a la normalización del Estado a través de un nuevo gobierno electo en 2001.

En consecuencia, dos grandes problemas socio-políticos configuran las principales tensiones en torno a las cuales la esfera pública -y por lo tanto las preocupaciones estatales- se han centrado: la corrupción y el terrorismo. Muchas de las innovaciones democráticas que comienzan después de 1990 son implementadas por gobiernos de centro o de derecha y, por lo tanto, están fuertemente impregnadas por los esfuerzos dirigidos a la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y la eficacia de las instituciones estatales. Las organizaciones internacionales y los organismos de cooperación (en particular el Banco Mundial, pero también USAID, GIZ, BID y PNUD) parecen haber tenido una influencia importante durante este período, introduciendo la preocupación acerca de la transparencia y el monitoreo dentro de las instituciones existentes e invocando procesos participativos como medios más legítimos de evaluación y contabilidad pública.

En 2009 otra crisis política se precipitó con el conflicto de Baguá. Como resultado de los acontecimientos violentos, el Estado y varias ONG han realizado grandes esfuerzos para generar nuevos espacios de diálogo y para la elaboración, formulación y aplicación de políticas para las regiones históricamente marginadas, la Sierra y la Selva, donde la mayoría de los residentes son campesinos y poblaciones indígenas. Esto ha llevado a una legislación innovadora en materia de protección del medio ambiente en relación con la gestión y explotación de los recursos naturales, donde posibilitar la participación de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones ha sido un pilar central. En este sentido, el empoderamiento social y la inclusión política se vuelven importantes como fines principales de las políticas y emergen como perspectivas transversales junto con el gobierno de izquierda que gana en el ámbito nacional en 2010 con Ollanta Humala.

Más recientemente - desde 2014 - han surgido también una serie de plataformas web y aplicaciones para smartphones, principalmente preocupadas por permitir a los ciudadanos presentar denuncias y transmitir informes a la administración pública, con el objetivo de mejorar los problemas cotidianos y hacer que la comunicación entre la administración y la población sea mucho más fluida.