Honduras

El retorno a la democracia en Honduras ocurrió en 1980, con la Asamblea Constituyente y la Asamblea Presidencial. A partir de este año, y por casi tres décadas, la democracia representativa del país centroamericano se caracterizó por un fuerte bipartidismo y sobre todo por una hegemonía neoliberal. La institucionalización de la participación ciudadana se comienza a vislumbrar sólo a partir del decreto 295, el cual modificó, en 1993, el artículo 2 de la Constitución. A partir de esta reforma se entendió como soberanía del pueblo, no sólo el ejercicio de la democracia representativa, sino también de la democracia directa.

Esto, sin embargo, incluía solamente el referendo y el plebiscito, y no fue hasta el año 2006, durante el periodo presidencial de José Manuel Zelaya, que se promulgó la Ley de Participación Ciudadana. Esta tenía el objetivo de regular y establecer las instancias y mecanismos que permiten la organización y el funcionamiento pleno de la participación ciudadana. Tras el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en el 2009 la ciudadanía ha venido demandando mayor participación en los procesos de política del Gobierno. Esta presión ha hecho que los diferentes poderes del Estado diseñen mecanismos de participación para involucrar a los hondureños en el quehacer político, económico y social del País.

En Honduras el Gobierno es quien ha tenido el rol protagónico en el diseño de innovaciones democráticas, estando la mayoría de ellas formalizadas mediantes leyes nacionales. Entre las innovaciones democráticas más comunes que se encuentran en la legislación nacional son los consejos y comités, lo que suelen estar representados por funcionarios del gobierno y representantes de la sociedad civil.

Entre los casos más importantes que se pueden mencionar están las Juntas de Agua, las cuales se han replicado alrededor de 5,000 veces en Honduras. La Junta Administradora de Agua es un mecanismo de participación ciudadana y de autogestión de los servicios públicos a nivel de caseríos, aldeas y municipios.

Asimismo, el Consejo Nacional Anticorrupción, que está conformado por representantes de organismos de sociedad civil, y dos integrantes nombrados por el Presidente de la República, apoya al Gobierno y la Sociedad Civil. Este tiene el objetivo de impulsar los procesos de transparencia y auditoria social, como mecanismo de prevención, control y combate a la corrupción; a través de redes de voluntarios y asociaciones con otras organizaciones nacionales y organismos internacionales.