El Salvador

Los Acuerdos de Paz de 1992 inauguraron una nueva etapa para la reforma política y la democracia en El Salvador. Uno de los episodios clave fue la institucionalización, como partido político, del ex grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y su participación en la competencia electoral. Desde 1994, el FMLN comienza a ganar poder político a nivel local. Sin embargo, una victoria nacional ocurrió solo quince años después, cuando Mauricio Funes ganó las elecciones presidenciales de 2009. Hasta entonces, a pesar de la apertura política inicial y las mejoras institucionales, la persistencia en el poder del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) Ha llevado a algunos autores a caracterizar la democracia salvadoreña como un "autoritarismo electoral".

Hoy en día, a menudo se mencionan altas tasas de pobreza y exclusión social, la violencia de pandillas y los grandes flujos de migración cuando se discute la situación de la democracia en El Salvador. Sin embargo, ha habido mejoras democráticas relevantes, como la retirada definitiva de los militares de la escena política, la continuidad de las elecciones, la alternancia regular de partidos a cargo de la Presidencia desde 2009 y el surgimiento de una sociedad civil incipiente. En este contexto, las innovaciones democráticas y la participación ciudadana representan esfuerzos y señales de democratización en una sociedad altamente polarizada después de una sangrienta guerra civil.

Antes de los Acuerdos de Paz, los mecanismos participativos ya estaban en funcionamiento en al menos cinco municipios bajo la dirección del FMLN (San José las Flores y San Antonio los Ranchos (Chalatenango), Tecoluca (San Vicente), Jocoaitique (Morazán) y Comacarán (San Miguel).

Durante los años de la transición a la democracia, importantes movilizaciones ciudadanas activaron la sociedad civil y la participación ciudadana a nivel nacional, con base en las demandas de los sindicatos. Sin embargo, las iniciativas participativas comenzaron a escalar desde el nivel municipal hasta el nivel nacional alrededor de 1994. Estos mecanismos fomentaron la organización comunitaria, los gobiernos autogestionados y las asambleas ciudadanas que permitieron la deliberación y la toma de decisiones. Durante los años de la transición a la democracia, importantes movilizaciones ciudadanas activaron la sociedad civil y la participación ciudadana a nivel nacional, en base a las demandas sindicales. Sin embargo, las iniciativas participativas comenzaron a escalar desde el nivel municipal hasta el nivel nacional alrededor de 1994.

A partir de 1997, ONG y organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y las agencias de cooperación y ayuda asumieron el liderazgo asistiendo y apoyando financieramente la mayoría de las innovaciones participativas locales. Para acceder al financiamiento para el desarrollo local de las zonas de bajos ingresos, el Fondo Nacional de Inversión de Desarrollo Local (FISDL) requirió a los gobiernos locales implementar instituciones participativas como el Plan de Inversión Participativa o los Consejos de Desarrollo Local.

La descentralización fue otro motor de la institucionalización de las innovaciones democráticas a principios de los años 2000. La reforma de la legislación municipal en 2005 (Código Municipal) formalizó varias innovaciones democráticas: audiencias públicas, consulta popular, consulta vecinal y sectorial, planes de inversión participativa, comités locales de desarrollo, presupuesto participativo de inversión y consejos de seguridad ciudadana. No obstante, su tasa de ejecución ha sido baja.

A excepción de EDUCO, un programa educativo participativo en áreas rurales, los gobiernos nacionales no promovieron la participación ciudadana a nivel nacional hasta que el FMLN ganó la presidencia en 2009. Desde entonces, las dos siguientes presidencias del FMLN han desarrollado una agenda participativa y un Proyecto de Ley de Participación.