República Dominicana

En 1996 el gobierno dominicano inició un proceso de modernización destinado a descentralizar el aparato de gobierno y mejorar la estructura general y las funciones administrativas en todo el país. Siguiendo este proceso, a partir del año 2000 se emitieron diversas leyes y reglamentos como parte de una reforma institucional más amplia, que obligaron al gobierno federal centralizado a transferir más facultades a las administraciones regionales y municipales. Durante este proceso, no solo se impuso el presupuesto participativo por ley como obligatorio para cada municipio dominicano: este marco legal también impuso un amplio giro hacia la participación ciudadana a nivel municipal.

La República Dominicana fue de hecho uno de los primeros países de la región de América Latina y el Caribe en implementar una legislación tan extensa y abarcadora para la promoción de la participación y el compromiso cívico desde el nivel local hacia arriba. Sin embargo, su implementación aún está en curso, y muchos municipios se enfrentan a diversos problemas para cumplir con todas las disposiciones detalladas de la ley. Además, el país confronta una serie de desafíos que afectan directamente a las administraciones locales, como la lucha contra las altas tasas de criminalidad y la corrupción. Como consecuencia, y de acuerdo con el Barómetro de las Américas, la confianza pública en el gobierno, la inseguridad percibida y la apatía electoral siguen siendo altas y continúan con tendencias crecientes en los últimos años. La corrupción percibida y mensurable permanece en niveles altos, y en general la identificación política mide a la población dominicana como la más inclinada hacia la derecha en toda la región de América Latina y el Caribe.

Por lo tanto, tanto el gobierno central como los municipios locales se han enfrentado al reto de modernizar las instituciones y de implementar políticas abriendo un gran número de espacios institucionales innovadores dirigidos a informar e involucrar a la sociedad en la realización de estas medidas. Un gran paso en esta dirección ha sido el compromiso total de la República Dominicana con la Open Government Partnership (Asociación de Gobierno Abierto) a partir de 2011, según cuyas normas el país se ha comprometido a la implementación gradual de estrategias de datos abiertos, al aumento de publicidad de actos gubernamentales y a implementar iniciativas de transparencia.

Al mismo tiempo, estos esfuerzos son supervisados de cerca por varias ONGs, organizaciones de la sociedad civil y grupos locales. Por lo tanto, un gran número de iniciativas dirigidas por la sociedad civil se han ocupado de la instalación de observatorios destinados a seguir la aplicación de medidas legales, acuerdos y programas internacionales.

Diversas organizaciones internacionales, como USAID, las Agencias de Desarrollo Canadiense y Alemana, la Unión Europea y el Banco Mundial también han conducido iniciativas continuas de apoyo al trabajo de las ONG en el país para llevar un registro de su desarrollo democrático. En particular, las áreas de derechos de las mujeres y los jóvenes, los derechos de las minorías y la participación ciudadana han estado en foco durante años.

Por último, las innovaciones democráticas que siguieron las elecciones nacionales y locales de 2016 se caracterizan por un giro digital hacia instrumentos de vigilancia y garantía de la transparencia y del estado de derecho. Los ciudadanos y los sectores privados han utilizado cada vez más la tecnología para denunciar incumplimientos durante las elecciones, para controlar el desempeño de las instituciones públicas y para hacer uso de los recursos del gobierno abierto para desarrollar proyectos específicos.