Paraguay

En Paraguay, la participación ciudadana se recupera lentamente tras la caída del régimen dictatorial de 35 años de Alfredo Stroessner en 1989. Con la nueva Constitución de 1992 se abren las puertas a la descentralización y a la organización ciudadana, las cuales se manifiestan principalmente a través de iniciativas gubernamentales, como la creación de consejos departamentales y regionales de salud, demostrando la capacidad autónoma de los gobiernos locales. Dado que existen altos niveles de desigualdad que dominan la realidad social del país, además de la concentración generalizada de los procesos y recursos públicos en la capital, el rol activo de estos consejos sigue siendo importante. Las comunidades indígenas, continuamente desplazadas, cuentan gracias a la Constitución con una base legal para el desarrollo de sus propios instrumentos de participación e incidencia, los cuales ya se encuentran avanzados.

Con la modificación de la Ley Municipal en el 2010 se potencian nuevas formas de participación ciudadana, a través de comisiones y coordinadoras vecinales que involucran a los vecinos en la administración local de forma más directa, ya sea a través de la elaboración de presupuestos participativos o gracias al monitoreo de las comisiones vecinales.

Con la expansión de las tecnologías de la información se desarrollan las iniciativas dedicadas al monitoreo. Los objetivos son diversos, desde el monitoreo de las jornadas de votación, de usos de fondos públicos en infraestructuras educativas, del financiamiento de partidos políticos, entre otros. Los casos tienen en común el fin de monitorear la eficacia de los servicios y bienes públicos, lo cual puede explicarse dados los altos índices de corrupción existentes en la administración pública del Paraguay. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol protagónico no solo en la difusión de las iniciativas o en la capacitación de la sociedad sino también en la elaboración de proyectos en conjunto con organizaciones internacionales para la ejecución de nuevas formas de monitoreo.

La Ley de Acceso a la Información Pública del 2014 ha sido también un factor de movilización de innovaciones democráticas. A través del desarrollo de aplicaciones y de portales en internet se crearon mecanismos de rendición de cuentas al alcance de cualquier ciudadano. Además, la política de Gobierno Abierto se basa en la participación ciudadana y los planes de gobierno se elaboran de forma conjunta con representantes de la sociedad civil y del Estado. Paralelamente, las organizaciones de la sociedad civil siguen desarrollando mecanismos para impulsar la participación ciudadana haciendo uso de los datos libres y la tecnología, por lo cual el desafío principal reside en el alcance de tales mecanismos y en el aumento de la incidencia de la ciudadanía en el ciclo de políticas públicas.