Costa Rica

Costa Rica cuenta con diversas herramientas de participación ciudadana, algunas de las cuales surgieron incluso hace más de un siglo. Ya la Constitución de 1844, por ejemplo, incorporó desde su promulgación la revocatoria de mandato. Pero no fue sino hasta la Asamblea Constituyente de 1949 que se vuelven a incorporar instrumentos de participación ciudadana al texto constitucional. 

En esta oportunidad se consagró el plebiscito restringido a cuestiones de límites provinciales. Mediante las reformas parciales a la Constitución de 2002 y 2003 se profundiza este camino a través de la inclusión del Referendo y la Iniciativa Popular. En 2003 se incorpora al texto constitucional el carácter participativo del gobierno nacional. Se reforma el Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica, que en adelante establece: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable…”. Esta redacción complementa los diversos instrumentos de participación ciudadana que a partir del siglo XXI fueron incorporados a la Carta Magna.  

A nivel municipal, las instancias de participación ciudadana son aún más amplias. En 1998, producto del Congreso Nacional Municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) coincidió en promover un mayor acercamiento a la comunidad mediantes nuevas formas de participación e impulsó la reforma al Código Municipal. En la actualidad, el Régimen Municipal Costarricense ofrece diversos instrumentos de participación ciudadana, entre los cuales se cuentan: el plebiscito, el referendo, el cabildo y las audiencias públicas. 

La participación ciudadana en Costa Rica cuenta con una vasta y rica historia que ha dado lugar a un importante número de innovaciones democráticas. Las primeras experiencias de este tipo surgieron a mediados del siglo XX y se intensificaron a partir de la década del 1990 hasta la actualidad. Diversos gobiernos han apelado a la participación ciudadana como una forma de fortalecer su legitimidad, abriendo instancias de diálogo y reflexión multisectorial que parecen haber marcado la relación Estado-Sociedad Civil en la mayoría de las áreas y niveles de gobierno. Una primera muestra de este fenómeno fue la convocatoria del presidente electo en 1994 al foro “Un Acuerdo Nacional Razonable”. 

Entre 2000 y 2010 una cantidad aún mayor de proyectos se llevaron a cabo entre la sociedad civil organizada y el Estado de manera conjunta, abordando los más diversos temas y llegando incluso, a ser instancias previas a la adopción de políticas públicas. No obstante, durante estos años la sociedad civil comenzó a implementar innovaciones democráticas exclusivamente a su cargo y, a veces, en conjunto con organizaciones internacionales y otras con el sector privado.  

La institucionalización de innovaciones democráticas continuó teniendo por escenario las instancias locales y/o regionales, pero también se extendió significativamente al ámbito nacional. Es en esta década, también, que comienza a observarse en Costa Rica la participación de organismos internacionales de cooperación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó el Programa de Regularización de Catastro y Registro. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) promovieron, de motu proprio, el proceso “Desafíos de la Democracia. Una propuesta para Costa Rica” 

A partir del 2010, las innovaciones democráticas en Costa Rica experimentaron un crecimiento exponencial. El fenómeno más marcado durante este período fue el surgimiento de una importante cantidad de innovaciones de democracia digital. Al menos un tercio de las nuevas herramientas participativas generadas entre 2010 y 2016 ha sido innovaciones de participación digital. En 2015, el Gobierno costarricense comienza además a implementar una política de Gobierno Abierto. 

En líneas generales, se puede agregar que Costa Rica cuenta con una marcada cultura de participación ciudadana en temas de agenda pública, en la cual el Gobierno asume un rol activo en el impulso de estas nuevas dinámicas de mediación entre la ciudadanía y la administración.