Venezuela

Las conmociones y cambios en el panorama político y social de Venezuela en las últimas décadas son difíciles de entender sin el surgimiento y el singular desarrollo de las innovaciones democráticas. El país ha ofrecido el terreno más fecundo para los mecanismos participativos y el experimentalismo con las instituciones comunitarias, así como evaluaciones extremadamente polarizadas de su eficacia e impacto.

Sin embargo, los orígenes de este auge de la participación en Venezuela se basan no sólo en el conocido movimiento político y las ideas de Chávez, sino también en nuevos discursos y prácticas sociales y políticas que agitan a la sociedad civil venezolana desde los años 70s y 80s, compartidos tanto por los nuevos partidos de izquierda como por la socialdemocracia y los movimientos de derechos humanos. Así, Venezuela comenzó un proceso de descentralización a finales de los años 1980 como parte de un importante período de reforma institucional destinado a restaurar la legitimidad del desacreditado sistema político desacreditado de la época, infundiendo vida en las iniciativas activas de fuera del Estado.

En la década de 1990, estas prácticas se ampliaron con los derechos civiles y humanos, la creación de organizaciones de la sociedad civil y la delegación estatal de programas sociales a las organizaciones comunitarias, lo cual fue de importancia fundamental para el posterior desarrollo de la reforma constitucional de 1999 y la concepción de democracia participativa allí incluida.

Como resultado de este proceso, la revolucionaria Constitución de Venezuela de 1999 define el derecho a participar directamente en los asuntos públicos y presenta la base de una arquitectura institucional que permite la participación ciudadana a todos los niveles. El preámbulo declara ya el objetivo refundar la República de Venezuela sobre el establecimiento de una sociedad "democrática, participativa y protagonista" a través de instituciones descentralizadas, alternativas y revocables, sentando las bases de un sistema político sin competencia declarada entre los principios de la democracia representativa o participativa. Un gran número de mecanismos de democracia directa e instituciones deliberativas y representativas coexisten con medidas más vanguardistas, como la inclusión de representantes de los grupos indígenas en los órganos deliberativos gubernamentales, la promoción de la cogestión en la planificación ambiental y territorial, y el papel central dado a la sociedad civil en la descentralización del Estado y la gestión de los servicios públicos municipales.

Su característica más notable en cuanto a la organización del Estado es la institucionalización de dos Poderes adicionales más allá de la clásica división tripartita republicana. El Poder Ciudadano y el Poder Electoral, como dos poderes independientes del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo, están compuestos por representantes sociales, y su designación también se lleva a cabo a través de Consejos de composición ciudadana (el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Moral Republicano).

Sin embargo, la incorporación y regulación de estas innovaciones en la legislación y en las estructuras administrativas ha seguido una trayectoria más compleja, evidenciando un cierto enfoque de prueba-y-error en el proyecto político de Chávez. De 1999 a 2005, nuevos actos jurídicos intentan formalizar las innovaciones democráticas, en su mayoría instrumentos de co-gobernanza para la consulta y la toma de decisiones en la planificación regional y local. Con un carácter más deliberativo pero la posibilidad de tomar decisiones vinculantes, su consulta es necesaria para elaborar políticas con grupos comunitarios. Sin embargo, el fracaso de estos nuevos diseños institucionales es claramente reconocido por la literatura.

La expansión política de estas instituciones sólo tiene lugar durante la segunda etapa del gobierno de Chávez, de 2006 a 2009. La Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2006) formaliza micro-espacios de alcance nacional para la participación y gestión de proyectos públicos. La idea detrás de estos experimentos es integrar las organizaciones comunitarias, los grupos sociales y los ciudadanos en un sistema de toma de decisiones en el que las Asambleas de Ciudadanos encarnan la mayor expresión de soberanía.

Pero a partir de 2006 el concepto de Socialismo del Siglo XXI, el llamado a los valores e instituciones bolivarianos y al sujeto del poder popular también traen como consecuencia una polarización mucho más fuerte. Después de 2009, el Gobierno acelera la legislación para formalizar un Estado Comunal, buscando una nueva organización sociopolítica en la cual la participación y el socialismo se conceptualizan como principios de un nuevo modelo de sociedad. En total, al menos 11 leyes fueron aprobadas durante 2009 y 2015 introduciendo nuevas definiciones de participación.

Por lo tanto, la participación se consolida concretamente en la creación de una serie de espacios que pertenecen de alguna manera a la estructura del Estado, pero que están compuestos principalmente por representantes ciudadanos, elegidos a nivel local y con un fuerte carácter comunitario.

Los casos más importantes en este sentido son los Consejos Comunales, las Comunas, los Mercalitos Comunales y los Comités de Tierras Urbanas, dirigidos fundamentalmente a la gestión local, la planificación pública y la administración social de los servicios públicos por las comunidades. No sólo ampliamente evaluados y disputados por la literatura académica, son también los casos más importantes debido a su extraordinaria expansión y replicación a lo largo de todo el país. Como espacios extremadamente politizados y polémicos, también son probablemente los casos más emblemáticos de la era de Chávez.

Los Consejos Comunales en particular han sido objeto de considerable debate, con las opiniones muy divididas respecto de si representan una nueva visión radical de la descentralización y la participación, o simplemente reflejan otra forma de centralizar el poder en manos del Presidente Hugo Chávez y más tarde de Nicolás Maduro. El hecho de que prácticamente la totalidad de las innovaciones democráticas estén dirigidas por el gobierno y de que las organizaciones de la sociedad civil estén presentes en su mayoría dentro de las estructuras estatales también ha llevado el debate político y académico sobre Venezuela a los términos y contrastes entre la democracia representativa y la democracia participativa, entre el socialismo y el autoritarismo.

Las experiencias de democracia directa, a través de referendos y consultas públicas, también han sido abundantes. Más recientemente, se han intentado algunas iniciativas para utilizar herramientas digitales de monitoreo y denuncia de la corrupción, y para acercar a los ciudadanos a la labor de la administración y de los órganos legislativos. Hay una serie de innovaciones dirigidas a la democratización del Poder Judicial ya otorgar su independencia a través de la incorporación de ciudadanos a la selección de candidatos (Comité de Evaluación Postulaciones del Poder Ciudadano).

Sin embargo, los resultados de las experimentaciones institucionales han estado fuertemente influenciados por la polarización política, poniendo en cuestión incluso el carácter democrático del gobierno venezolano. Por lo tanto, encontrar un análisis objetivo, bien documentado e independiente sobre las innovaciones democráticas en Venezuela es un desafío continuo.